Estados Unidos negocia con el Gobierno español la libertad del “ladrón de datos” del HSBC

¿Qué información podrá tener todavía en su poder Hervé Falciani para que el Gobierno de Estados Unidos negocie su libertad con el gobierno español? Las autoridades norteamericanas quieren echar una mano a Falciani, el ladrón de datos del HSBC, hasta el punto que han ofrecido acogerle en su país y darle la condición de testigo protegido, siempre y cuando desencripte 3.000 nombres de ciudadanos -algunos de ellos probablemente grandes fortunas- que han podido evadir cantidades astronómicas en Suiza, según fuentes próximas al caso.

Hay un problema: Falciani está encarcelado en España desde el 1 de julio, cuando fue detenido en Barcelona al intentar entrar al país por barco, y ahora está en manos de la Justicia española. Al mostrar su pasaporte, la Policía fue alertada de la orden de búsqueda y captura que recaía sobre él por parte de Suiza. El Estado helvético le persigue por un delito de espionaje económico y revelación de secretos que podrían llevarle a la cárcel durante siete años. Se trata de un asunto muy delicado con consecuencias diplomáticas.

Mientras los americanos negocian con el Gobierno de Mariano Rajoy, el trámite judicial sigue avanzando. La Fiscalía se opone a que se le entregue a Suiza aunque la última palabra la tiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concretamente la Sección Cuarta. El caso no es sencillo. En primer lugar, porque ya la justicia española ha empleado los datos de Falciani para abrir una causa penal a Botín, que finalmente se archivó cuando él y su familia abonaron 200 millones de euros que habían evadido. En ningún momento se dudó de la validez de los datos.

El segundo obstáculo es que el delito por el que se persigue al pirata informático, el de vulneración del secreto bancario, no está contemplado en el Código Penal suizo sino que viene recogido en la Ley especial reguladora del secreto bancario, un delito, por cierto, que no existe en España. Con todo, en los casos de extradición la postura de la Fiscalía no es vinculante y, por tanto, el tribunal puede firmar su salida en contra del criterio fiscal.

Si la Audiencia Nacional acordara su extradición, Falciani tendría todavía una vía de escape y es ahí donde entran las relaciones diplomáticas entre los gobiernos estadounidense y español. Todas las extradiciones firmadas por la Justicia tienen que ser autorizadas por el Consejo de Ministros. Habitualmente, el Ejecutivo da luz verde a las decisiones del órgano judicial pero podría oponerse a su entrega en virtud del interés nacional, según recoge el artículo 6 de la ley de extradición pasiva. El artículo reza: “La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la Soberanía Nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España”. Y ésa sí sería la última palabra.

Si el Gobierno no autoriza su entrega, entonces Falciani quedaría automáticamente en libertad y con la misma inmediatez le sacarían del país para darle protección y dejar en manos del Gobierno americano todo el poder de su información.

Una historia para una novela de espías

Este exempleado del HSBC pirateó 130.000 ficheros informáticos de supuestos evasores fiscales que habrían defraudado miles de millones de euros a decenas de países, entre los que se encuentra España. La historia se remonta a 2006, cuando Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.

Las autoridades francesas también entregaron datos al Gobierno español, ayudando a localizar a 659 defraudadores que habrían evadido más de 6.000 millones de euros, entre ellos el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza.

Desde que Falciani, de 40 años, fue detenido hace casi tres meses, está a la espera de que la Audiencia Nacional decida si le extradita a Suiza, donde es reclamado para enjuiciarle. Ese no es su único temor. El ‘hacker’ no quiere quedar en libertad al menos que le garanticen protección porque, según fuentes conocedoras del asunto, tiene miedo a que le asesinen en cuanto ponga un pie en la calle. Su único salvoconducto es abandonar el país escoltado por seguridad estadounidense, que le ha garantizado protección a cambio de su información.

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